quién carga las armas

Sobre la mesa hay muchas opciones: tostadas, queso untable, pistolas Beretta 9 mm Thunder, Colt 9, Bersa 22, galletas de chocolate, revólver Colt 38, dos tazas de café, 500 municiones de 22 corto y largo, 32, 38 special, 9 mm, cartuchos de escopetas y cuatro medialunas. “Mirá”, dice Alan, que no se llama Alan pues dijo “no pongas mi nombre ni mi dirección porque si se enteran de que tengo 40 armas me van a venir a robar”. Parece mucho, pero entre sus compañeros de tiro están los que tienen hasta 200, “esos tienen permiso de coleccionistas”, e incluso hay quienes tienen más “pero para eso hay que tener un bunker”, aclara. Tiene 68 años, es alto, robusto y de buen estado físico. “Estas son las municiones más baratas”, anuncia, sirve más café y acerca una cajita con 50 balas calibre 22. Cada una cuesta 500 pesos —son las más baratas, las de 9 mm cuestan 2 mil—. En una práctica en un polígono se podrían disparar 100 tiros en 30 minutos. “Ahora no lo hago más”, dice Alan, que usa armas de fuego desde los 11 años y desde los 21 tiene permiso, “es carísimo”. En tantos años pasó por todos los roles del tirador civil: cazó jabalíes con una 9 mm, tiró al blanco y disparó al plato con escopeta. “Yo no quiero matar a nadie —dice—. Esto es como un arte marcial, solo sirve para defensa”. Si así fuera, con un arma le bastaría: “Tengo tantas porque me encantan y las colecciono —explica y agrega—: Todas están cargadas, por las dudas”.

Aclarémoslo de entrada. La bala es la parte final de la munición o cartucho. El proceso para que esa pieza de plomo salga del arma más rápido de lo que vuela un avión empieza con un golpe. La aguja percutora le pega en la base del cartucho al fulminante que tiene una mezcla de compuestos químicos que generan el chispazo. La pólvora se enciende y por deflagración —un proceso más rápido que la combustión— genera gases dentro de la munición. La presión aumenta y esos gases escapan arrastrando a la bala con ellos. Un estruendo seco y un chispazo acompañan el disparo. ¡Bang! El calibre de una munición se puede medir en milímetros (mm) o en fracciones de pulgadas que se refieren al diámetro del proyectil. La famosa 22 es 0,22 pulgadas (5,588 mm). Hay balas que tienen el mismo calibre, pero distinto largo. En estos casos se agrega una palabra.

¿De dónde vienen las balas? ¿Dónde cargan los sicarios de Rosario sus armas que en 2024 mataron a 90 personas? ¿De dónde obtuvieron las municiones las dos facciones de la barra brava de Sarmiento de Junín cuando se enfrentaron en marzo? ¿De dónde sacan las balas los femicidas que entre 2017 y 2022 cometieron el 25% de estos crímenes con armas de fuego?

La barrera que debe evitar un mercado ilegal es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC): las fábricas de municiones y sus trabajadores tienen que estar registrados, igual que las armerías, los importadores y los legítimos usuarios. Todos tienen que tramitar habilitación y licencia. Según la ley nacional de Armas y Explosivos solo pueden tener armas y comprar municiones las personas que posean licencia de Legítimo Usuario. Desde diciembre de 2024 la edad mínima para tener este permiso bajó de 21 a 18 años por un decreto del presidente de la Nación. La licencia y la tarjeta de control de consumo de municiones permiten a cada legítimo usuario comprar cartuchos. Así es el camino legal. Sin embargo, en algún paso de este circuito algo falla.

siga la bala
 

Para entender mejor la cantidad de cartuchos que están en juego en el mercado argentino, y por ende, que podrían desviarse en la cadena de comercialización, conviene conocer el negocio. Hay tres rutas por las que las municiones llegan a las armerías: la fabricación estatal, la producción privada y las importaciones.

De la planta de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, “salen entre 18 y 25 millones de cartuchos por año”, dicen desde la empresa que depende del Ministerio de Defensa. “Las materias primas son latón, plomo, pólvora y fulminantes”, relatan. El latón y los fulminantes se importan, mientras que la pólvora se produce en la misma planta. La elaboración es sencilla. En pocas palabras, transforman el latón en la vaina con culote. Le incorporan el fulminante. Paralelamente, se produce la bala, y luego se completa el ensamble agregando la pólvora. Listas para venderlas, sobre todo, a las fuerzas de seguridad.

Desde la Asociación del Rifle Argentina, su secretario Enrique “Coqui” Otero trae claridad sobre el circuito privado: “Existen principalmente dos empresas que fabrican municiones de uso civil y de fuerzas de seguridad”. Fiocchi, en Santa Fe, en un pueblo cercano a Rosario, es la sede argentina de una empresa italiana. Llevan 33 años en el país fabricando cartuchos de escopeta y municiones calibre 0,22, 9 mm y 38 Special, entre otros. Servicios y Aventura SRL (ORBEA) es la segunda empresa que menciona Otero. Ubicada en Tucumán, vende municiones calibre 0,22, cartuchos de escopeta y componentes para el armado de municiones: fulminantes, pólvora y vainas.

Por último, el país compra municiones al exterior —según Otero, principalmente a EE.UU., Brasil y Europa—. Según datos de ANMaC, entre 2012 y 2022 se importaron más de 220 millones de municiones (en promedio 22 millones por año) y se exportaron más de 123 millones (en promedio 12,3 millones por año). Es decir que la importación aporta unas 808 mil municiones por mes.

El punto de llegada de la elaboración o de la importación es el cargador de los pistoleros. Los usuarios civiles no pueden comprar cualquier tipo de munición. El límite lo impone la ley nacional de Armas y Explosivos: los ciudadanos con credencial de Legítimo Usuario pueden tener 14 tipos distintos de armas que van desde carabinas y escopetas hasta fusiles y pistolones, pasando por pistolas y revólveres, y no pueden comprar municiones que no sean para esas armas.

Algo se podría hacer desde el inicio de la elaboración de municiones para mejorar el control de la venta y también del uso en caso de agresiones o asesinatos: marcarlas con un sistema de trazabilidad. De ese modo, una bala asesina o un casquillo encontrado en la escena criminal señalaría al arma que la disparó y a su dueño registrado.

Están quienes exigen un sistema de codificación de cada cartucho, igual que en los medicamentos, donde un código en el estuche permite rastrear el laboratorio, la droguería que lo distribuyó y la farmacia que lo vendió. Entre ellos está Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Desarrollar un sistema de trazabilidad —dice— permitiría obstaculizar los desvíos desde el mercado legal hacia el mercado ilegal”. Tiene una hipótesis de por qué no se avanzó ni a nivel internacional ni en Argentina: “La marcación afectaría un negocio muy rentable que es el tráfico de municiones”. Alfie cree que este sistema no es inaccesible y que hasta un país como Argentina lo podría implementar: “Los países que han avanzado en estas políticas, como Brasil, son países de ingresos medios o bajos”. Gustavo Colás, de la Red Argentina para el Desarme (RAD), encuentra limitaciones en la trazabilidad: “Cada munición debería tener una numeración y por el escaso tamaño de las balas es bastante complicado”. Colás tiene otra opción en mente: marcar las cajas podría servir para determinar el origen de un desvío en caso de encontrar municiones en algún operativo policial.

el mercado de los caminos que se bifurcan
 

¿Cómo hace alguien que no tiene un arma registrada y que tal vez tiene antecedentes penales para comprar municiones? Peritos balísticos, empleados de armerías, miembros de clubes de tiro, exempleados de ANMaC y de Fabricaciones Militares coinciden en que existen cinco caminos.

Las balas se obtienen en los robos. Los expertos dicen que esta es una posibilidad remota y limitada porque, salvo que se trate de una casa como la de Alan, la cantidad de armas en domicilios es menor. Esta hipótesis se podría evaluar de manera indirecta, a partir de estimar cuántas municiones circulan en nuestro país.

En Argentina solo el 0,8% de la población mayor de 18 años tiene vigente una licencia de legítimo usuario, 300.816 personas —según datos de ANMaC hasta agosto de 2024—. Más allá de que unas 600 mil personas tienen su licencia vencida y de que, por ende, podrían tener balas guardadas, los únicos que pueden adquirir municiones son quienes poseen los papeles al día. De manera que la probabilidad que tiene un ladrón de robar una casa con municiones es del 1,7% (si consideramos la cantidad de viviendas del censo 2022 y que cada legítimo usuario vive solo).

En lo que va del 2025, 7249 personas completaron el trámite para ser legítimos usuarios; según datos del Ministerio de Justicia, el 96% de las solicitudes fueron hechas por hombres. “Según nuestra estimación sobre la cantidad de armas en Argentina —dice Karp Aaron, vocero de Small Arms Survey— hay 4,1 millones de armas en manos de civiles”. Desde esta organización que provee estudios e información para reducir la circulación ilegal de armas en el mundo, confirman que de ese total, 1,75 millones son ilegales. Parece mucho; sin embargo, si se compara con Estados Unidos, pierde relevancia. Allí hay más armas en manos de civiles que población: según The Firearm Industry Trade Association, entre sus ciudadanos hay 491,3 millones. Es más fácil para un criminal hacerse de cartuchos robando casas en Estados Unidos que si se dedica a hacerlo en Argentina.

Los criminales fabrican sus propias municiones. ¿Máquinas que reutilizan vainas de cartuchos para crear nuevas municiones? Alan se entusiasma y trae un libro que lo ilustra, y la mesa del desayuno se hace cada vez más compleja. “Mirá, este es uno de los tesoros de cualquier fanático de las armas”, se le iluminan los ojos. El manual argentino de recarga está escrito por un tal Domenech que da instrucciones y presenta tablas con la cantidad de pólvora necesaria para fabricar cada tipo de munición. “Si te pasás con la carga de pólvora —advierte Alan—, el arma explota”. Según él, el libro no es para cualquiera: “Nadie se va a poner a fundir plomo para armar balas y salir a robar”. “Es así —dice un especialista que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación—. Los tipos que salen de caño lo hacen con pocas o directamente sin municiones”. Aunque considera que el mercado negro de balas es reducido, está convencido de que una de las principales vías por las que se desvían municiones al mercado ilegal es la recarga.

La máquina es sencilla. Una tolva carga la pólvora en cada vaina, a la que se le coloca el fulminante y la bala, y luego prensa todo y arma la munición. Los componentes para armar un cartucho se consiguen en cualquier armería. “Le sacás el fulminante a la vaina con un punzón —dice Alan— y le ponés otro. Vienen en una cajita”. La pólvora y la bala también se venden en armerías. Es decir que para comprarlos se necesita autorización de la ANMaC. Armar cartuchos de manera ilegal no parece tan sencillo. En el caso de un revólver, después de disparar, la vaina queda en el tambor y luego podría recargarse. Si el arma fuera una pistola, las vainas caerían al piso después de cada disparo. “En el peligro de un enfrentamiento nadie se pondría a juntar las vainas”, dice la criminalista Silvia Bufalini.

Suena a poco, porque todavía resta conseguir los otros tres componentes. Sin embargo, los expertos sospechan dos caminos. El primero es que se consigan los componentes de manera ilegal, y el segundo es el que sostiene Gustavo Colás: “Hay personas con permiso de fabricación artesanal que desvían parte de su propia producción al mercado negro”.

Venta ilegal de las armerías. Solo en CABA hay alrededor de treinta armerías. Las municiones que venden las controlan con una libreta de almacenero. La ANMaC establece los pasos a seguir para que los armeros y los clientes informen diariamente los movimientos comerciales de municiones completando un registro. Los legítimos usuarios tienen una tarjeta personal de control de consumo por cada arma registrada. Cuando compran municiones, el armero completa a mano la tarjeta de control, que tiene renglones. El usuario puede comprar hasta llegar al cupo mensual permitido. Si no se completan los renglones de esa tarjeta, ese mes podrá comprar más cantidad que la permitida. Desde febrero de este año se está implementando una tarjeta digital que reemplaza al cartón. Si bien todavía no está 100% digitalizado, se cree que cuando la implementación se complete se van a poder controlar mejor los desvíos de los cartuchos. “Igual —dice Bufalini—, si bien facilita la trazabilidad de esa documentación, si un armero no quiere anotar en un papel tampoco lo hará en una computadora”.

“La capacidad de control de ANMaC es muy baja —dice Alfie—. La actualización de las operaciones comerciales de las armerías es deficiente —agrega y toca el tema central de esta tercera hipótesis—: Ese descontrol facilita el desvío de municiones desde fábricas y armerías legales hacia el mercado ilegal. Los ganadores son fabricantes, comerciantes e intermediarios que se benefician de la venta ilegal de municiones”. Dice con cautela: “Veremos si las últimas medidas en materia de digitalización pueden mejorar los controles”.

Desvío de las municiones desde las fuerzas de seguridad. Esta ruta, por su naturaleza, hace temblar los cimientos de toda la estructura de control de municiones. Cuatro expertos consultados coinciden en que los arsenales de las fuerzas de seguridad y policiales son una fuente de municiones que se desvían hacia las manos del delito. Entre ellos, el expresidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigón: “Muchas de las municiones que aparecen en el mercado negro son las destinadas a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.

Esto no solo pasa con las municiones que usan las fuerzas sino también con las que secuestran en los operativos. “Hay un agujero en los depósitos de las fuerzas de seguridad —dice Colás de la RAD, quien agrega—: Si bien se perfeccionó porque hay un Banco Nacional de Armas Incautadas que maneja la ANMaC, lo cierto es que a veces las municiones quedan en lugares sin seguridad y hay una desviación por goteo hacia el mercado negro”.

“Nadie controla las balas que compran para las prácticas de tiro de las fuerzas de seguridad —dice un experto que pide no revelar su nombre—. Pueden simular entrenamientos y vender las municiones que no se usaron”.

Muchas noticias avalan esta hipótesis. Una de poliladron. En junio de 2024 faltaron municiones en varios centros de reentrenamiento de la policía bonaerense, entre ellos en la escuela Juan Vucetich. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires encontró más de 8 mil municiones en allanamientos a armerías e instructores civiles de tiro que pudieron identificar como las robadas a la policía. “Si le roban a un agente por la calle, le pueden sacar 68 municiones —dice Alan, que hace la cuenta sumando lo que hay en el cargador de la pistola y en los tres cargadores extra—. Más que una caja de municiones. Y los ladrones no necesitan tantas porque hacen mucho con poco”, concluye.

Reventa de municiones. El último escalón es tan ilegal como los otros y es una hipótesis donde confluyen las anteriores. Las municiones robadas a las fuerzas de seguridad o en los hogares de legítimos usuarios y las ensambladas en máquinas artesanales finalmente circulan por el mercado ilegal, más caro y peligroso.

“Existen los llamados compradores de paja —revela Alfie de INECIP—. Son los usuarios autorizados que compran de manera legal y después revenden”. “Yo podría comprar 100 balas en la armería e irme a un coto de caza y no disparar un solo tiro —dice un investigador que está estudiando este tema—. Nadie podría chequear que me quedó un remanente de balas que podría vender en el mercado negro”.

Alan coincide. Agarra una de las cajas de municiones calibre 38 que quedaron al lado de la jarra. “Si quisiera te la podría regalar y nadie se enteraría. Nadie controla nada del legítimo usuario”. Alan se pone serio: “Yo jamás haría algo así. A un compañero de caza sí le daría mis municiones, pero nunca armaría a un desconocido”.

Gustavo Colás de la RAD también avala la hipótesis: “Cualquier legítimo usuario tiene una posibilidad de adquirir entre 1000 y 2500 municiones. Por ahí el tipo usa 200 por año y tiene un excedente de 700 que claramente las puede vender a quien no se encuentre autorizado y que las podría usar para cometer delitos”.

Algunos arriesgan que hay más formas de desvío. “Mi suposición es que la principal vía de municiones ilegales es el contrabando desde Brasil y Paraguay”, dice el vocero de una asociación que defiende los intereses de los legítimos usuarios. El 23 de abril de este año detuvieron en Formosa a un remisero que en lugar de pasajeros llevaba 2000 municiones calibre 22 de Magtech, una marca brasileña.

En la mesa de Alan hay de las municiones más dañinas: una 22 larga con un baño de cobre en el proyectil y que, en lugar de terminación ojival, tiene un orificio. “Estas balas entran girando y con la punta hueca enganchan tejidos y todo lo que encuentran”, dice.

Estas municiones están prohibidas en nuestro país y, sin embargo, cualquiera las podría comprar en una armería. Aunque la ley reconoce que “generan heridas desgarrantes” en el inciso 4° del Anexo I al decreto 395/75, se pueden usar en la caza y en el tiro deportivo. La prohibición está en el uso, no en las municiones. También las pueden usar las fuerzas de seguridad especiales. La justificación es que como no producen orificio de salida reducen los daños a terceros en caso de tener que dispararle a un delincuente.

Alan dice que debemos conocer las balas supersónicas, más rápidas que el sonido, y cartuchos de escopeta. Trae unas de muestra a la mesa, que a esta altura del desayuno ya es un polvorín. “Igual —dice mirando una pistola Beretta con el cargador lleno de 17 municiones—, según un dicho de pistoleros, lo que no arreglás con los primeros tres tiros ya no lo vas a arreglar”. Alan apunta al pecho con una 9 desde un metro de distancia. “A vos desde acá te pego con una sola bala, pero con alguien que se está moviendo es más difícil. Seguramente necesite más de tres”.